En los últimos días, las siglas RIGI comenzaron a popularizarse en el país sudamericano. Se refieren al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que la Ley Bases reforma de manera integral supuestamente para atraer capitales extranjeros.
"Representa un saqueo autorizado", "Es el estatuto legal del coloniaje", "Pone al país en venta", "Se pierde soberanía", "Es un delito disfrazado de políticas públicas", "Será competencia desleal", "Terminará con la industria y el empleo nacional", son algunas de las advertencias lanzadas por políticos opositores, periodistas, activistas ambientales y economistas.
El escándalo va en aumento, ya que la ley fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados sin que este capítulo fuese cuestionado.
Pero, en cuanto llegó para su discusión en el Senado, que deberá ratificarlo o rechazarlo, se multiplicaron las voces de alerta por las implicaciones económicas, políticas y sociales de una reforma que afecta los sectores agroindustriales, de infraestructura, forestales, de minería, gas, petróleo, energía y tecnología.
En términos generales, el proyecto mileísta permite que empresas extranjeras operen en Argentina casi sin pagar impuestos, que importen todo tipo de insumos y exporten productos sin cubrir ningún tipo de tasa, que exploten los recursos naturales y que se lleven las ganancias.
La iniciativa señala que los proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares pagarán un impuesto a las ganancias de entre el 7,0 % y el 25 %, que es mucho menor al 35 % que pagan los argentinos. También les devuelve el IVA y los exonera de múltiples tributos.
Además, les otorga beneficios aduaneros excepcionales para que importen libremente, y sin pagar derechos, desde bienes de capital y repuestos hasta todo tipo de insumos. Esto significa que no estarán obligados a comprar productos argentinos.
Por otra parte, permite que las empresas extranjeras no paguen ningún impuesto a las exportaciones durante sus tres primeros años de operación.
Uno de los artículos más criticados compromete al Estado a brindarles a los inversores extranjeros una "estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años", prorrogables a cuatro décadas.
También podrán sacar del país, con todas las comodidades, sin costos ni penalidades, las ganancias que obtengan en dólares.
Otro apartado que provoca resistencias es que anula las leyes provinciales que puedan frenar, condicionar o limitar los proyectos de inversores extranjeros, los cuales sólo se regirán por la Ley Bases, que es de carácter nacional.
"Este artículo, así como está escrito, podría decir que derogan las leyes de protección ambiental en las provincias. Están generando una inseguridad jurídica total para la provincia y los inversores, además de llevarse puesta la Constitución nacional", advirtió la senadora opositora Anabel Fernández Sagasti durante la primera jornada de debate de la ley.
"El RIGI es el estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI", resumió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al analizar el controvertido proyecto de ley.
"Es de economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, sin investigación y desarrollo", agregó.
La senadora peronista Florencia López aseguró que el régimen "es injusto" y va a "destrozar" el sistema productivo del país, en tanto que el senador Martín Lousteau advirtió sobre la pérdida de soberanía de las provincias en las que se pretende explotar los recursos naturales.
"Va camino a ser el mayor escándalo de corrupción (y el más dañino) desde los 90", aseguró el periodista Bruno Bimbi. "Es increíble que esto haya pasado por Diputados como si nada y que encima lo hayan votado diputados de provincias a las que no les va a llegar una sola inversión o provincias industriales", añadió la periodista Gabriela Pepe.
"No entiendo por qué no estamos hablando más del RIGI. Si se aprueba en el Senado posibilita la entrega de nuestros recursos naturales a cambio de prácticamente nada. Y por 30 años", alertó el periodista Nicolás Guthmann.
El politólogo Germán Lodola explicó que ningún país entrega sus recursos naturales y sus utilidades sin un plan de desarrollo de las industrias locales, como pretender hacer ahora el Gobierno de Milei.
"Si se aprueba el RIGI, nos convertiremos en un territorio sin ninguna soberanía, un no país, sometido a tribunales extranjeros, sin leyes nacionales, nada", agregó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Para el periodista Iván Schargrodsky, se trata de "un delito disfrazado de política pública (...) Es realmente una rapiña absoluta fundamentalmente en el capítulo de energía y minería".
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